El planteo de José Alperovich de apoyar la convocatoria que se realizó el martes 26 y la confesión, 7 años después, que había mentido cuando afirmó que conocía los nombres de los asesinos de Paulina Lebbos, es una expresión de bancarrota política de un gobierno que protegió a todos los funcionarios políticos, judiciales y policiales que intervinieron en la causa y fueron cuestionados, de la misma manera que hizo mil intentos para silenciar en los medios oficiales la voz de la Comisión de Familiares de Víctimas de la Impunidad y la del propio Alberto Lebbos. La multitud que se hizo presente en la convocatoria repudió al gobierno y respaldo el pedido de renuncia al gobernador, realizada en su discurso por Lebbos.
El Partido Obrero señala que la política de impunidad del gobierno tiene una orientación social, que es la de proteger los intereses de los poderosos, como lo hace con la Ley Azucarera, a favor de los ingenios y grandes cañeros, y a los propios negocios del gobernador y sus funcionarios, todo esto a costa de una política de ajuste sobre los salarios y jubilaciones. El Partido Obrero señala que ésta es la misma orientación social que defiende la Mesa del Diálogo opositor.
El Partido Obrero llama a sacar todas las conclusiones políticas de la jornada del 26 y plantea la necesidad de un plan de acción que una los reclamos de lucha contra la impunidad, con los reclamos que los trabajadores y jubilados están llevando adelante por el salario, las fuentes de trabajo y el 82% móvil y, sobre esa base, poner en pie una alternativa política independiente.
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