Un régimen rehén de los buitres

El gobierno declaró, reiteradamente, que la cuestión de la deuda externa era cosa del pasado. Que bajo el actual gobierno la Argentina se había desendeudado y con ello recuperamos soberanía. La crisis actual demuestra que todo eso era una completa impostura. La Argentina se encuentra sobreendeudada a pesar que este gobierno es el que más ha pagado a los acreedores hipotecando la Anses, las obras sociales, y las reservas del Banco Central.

Ahora Argentina está a merced de las decisiones de un Tribunal Extranjero que va a decidir las condiciones bajo las cuales Argentina se tiene que rendir ante los llamados fondos buitres. Es este gobierno el que estableció la jurisdicción de los tribunales extranjeros para dirimir las controversias relativas a la deuda externa, de la misma manera que aceptó la clausula de que la mejor condición de un acreedor debe ser reconocida para el conjunto de los acreedores.

Si el tribunal establece que Argentina le tiene que pagar el 100% a los fondos buitres, Argentina entrará nuevamente en default, pero también entraría en esa situación si el tribunal establece a los buitres las mismas pautas ya establecidas para el resto de los acreedores. Argentina solo zafaría de entrar en default, si se acepta una refinanciación de la nueva deuda, pero en ese caso el monto de la deuda se elevaría por encima de los porcentajes existentes en el 2001 y establecería una hipoteca sobre el pueblo argentino hasta el final del siglo.

Al modelo K, solo le queda la etiqueta nac y pop. En realidad es un modelo de sumisión a la banca internacional y sus estados, y en función de ello es que está orientada la política interna de cargar la hipoteca sobre los salarios, jubilaciones y cualquier plan de desarrollo económico y productivo. La oposición de los Macri, Binner, Alfonsin, y su Mesa del Diálogo en Tucuman también sostienen una orientación de postración ante el capital internacional.

La salida es por izquierda. Se impone la suspensión del pago de la deuda usuraria, el establecimiento de los tribunales argentinos para investigar todo el negociado de la deuda y con los recursos que se dispongan destinarlos a un plan económico que contemple las necesidades sociales y de desarrollo nacional.