Un gobierno agente de las constructoras y de los pulpos inmobiliarios

Durante la gestión de José Alperovich como Ministro de Economía del gobierno de Julio Miranda, en el año 2001, se sancionó una ley llamada “activo por activo” que autorizaba la venta de algunas propiedades de alto valor históricos y arquitectónico para formar un fondo anticrisis. En el 2004, ya bajo la gobernación de Alperovich, se amplió el alcance de la ley a 99 propiedades. El intento de vender propiedades que incluían colegios, reparticiones y edificaciones reconocidas provocó diversas reacciones de protesta, los que dio lugar a la sanción de una ley de protección a unas 170 propiedades del patrimonio histórico y arquitectónico.

Ahora, una legislatura completamente oficialista acaba de desafectar, para la venta, a 6 edificios protegidos, para construir en su lugar centros comerciales y edificios de departamentos.
Para reclamar la derogación de la nueva ley ha surgido un movimiento autoconvocado que ha realizado ya ocho marchas, algunas de más de 1.000 personas. A la cabeza se encuentran sectores del Colegio de Arquitectos, del Grupo Alberdi (intelectuales tucumanos conservadores) y la Junta de Patrimonio Histórico de Tucumán, que están interesados por sobre todo en preservar el urbanismo existente. Algunos funcionarios destacados, como la Directora de Patrimonio Histórico o una directora del Ente Cultural de Tucumán, decidieron renunciar en disidencia con la política del gobierno.

Las protestas limitan sus planteos a la preservación de lo que presentan como un capital cultural y como promotor del turismo. Pero el conflicto es solo la punta del iceberg de la catástrofe urbanística que se ha instalado en la capital provincial como consecuencia de las grandes constructoras e inmobiliarias. La construcción de edificios torres no ha tenido en cuenta la infraestructura correspondiente de cloacas y agua potable. Se promueve una pavimentación de los barrios sin prever el escurrimiento de los efluentes pluviales; los espacios verdes se van acotando. Todo esto pone en cuestión la urbanización y el desarrollo social de las ciudades y pueblos. El gobierno hace primar las necesidades de las grandes constructoras, íntimamente relacionadas con las camarillas de gobierno y con el mismo clan Alperovich.

Llamamos a enfrentar esta política de atropellos y negociados, poniendo en pie instancias asamblearias de organización y lucha por la resolución inmediata de los acuciantes problemas de urbanización, habitacionales y de infraestructura vitales del pueblo tucumano.

Daniel Blanco (0381) 154-407964