Las amenazas se producen en el contexto de una profundización de la política represiva del gobierno nacional: la totalidad de los ministros de seguridad kirchneristas acaban de ser denunciados por la infiltración sistemática de las organizaciones populares por parte de miembros de la Policía Federal y Gendarmería, entre otras fuerzas. A nivel provincial, el gobernador Alperovich mantiene un aparato de espionaje ilegal, el D2, sobre el que pesan varias denuncias penales.
Exigimos el inmediato esclarecimiento y responsabilizamos a la Justicia Federal y al gobierno provincial por la integridad de los testigos y querellantes de la Megacausa.
Llamamos a las organizaciones políticas sociales, sindicales, democráticas a movilizarnos contra estos atentados a las libertades democráticas.
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