La campaña por el desprocesamiento de los diez dirigentes de la Fuba Federación Universitaria de Buenos Aires -procesados por acompañar la movilización de los docentes y estudiantes de Merlo contra el cierre del CBC- comienza a transformarse en una causa popular.
Apenas transcurrida una semana, ya pueden contabilizarse la adhesión de 124 organizaciones políticas y sociales, de 37 de diputados y legisladores (de todo el arco político con excepción del macrismo), de 18 miembros de organismos humanos (destacándose la de Nora Cortiñas, Adolfo Pérez Esquivel y Estela de Carlotto), de 67 representantes de centrales, federaciones y mesas ejecutivas, de 130 delegados sindicales, comisiones internas y seccionales, de 25 presidentes de centros de estudiantes, federaciones y agrupaciones estudiantiles, 79 de consejeros y autoridades universitarias, y más de 350 docentes, investigadores y graduados universitarios, junto a cientos recogidas en las diferentes facultades de la UBA. Los números hablan por sí solos.El crecimiento de la campaña es la contraparte obligada del celo con que actúa el juez Aráoz de Lamadrid contra los dirigentes estudiantiles, sometiéndolos a controles propios de criminales. La interrogación de vecinos y el control del domicilio por parte de la Policía Federal, la negativa a salir del país, el embargo por 10.000 pesos, la realización de test socio-ambientales y la apertura de cuadernillos de imputados son una muestra de la prisa con la que actúa "la justicia" cuando se aplica a los luchadores.
Las medidas impulsadas por el juez, no obstante, lejos de mostrar fortaleza, parecen más bien querer demorar el pase de los expedientes a la cámara donde los abogados defensores radicamos la impugnación del procesamiento. La campaña, por lo tanto, deberá redoblarse durante las próximas semanas para quebrar los intentos para mantener de rehenes de la justicia a los dirigentes de la Fuba.
La Fuba se movilizó el miércoles 26 a Tribunales por la absolución del estudiante Fernando Grenno, procesado por realizar una pintada para exigir la aparición con vida de Julio López, a dos años de su desaparición. La campaña continuó el jueves 27 con la realización de un acto público en la Facultad de Derecho, y otro en Ingeniería el viernes 28.
Cristian Henkel, Presidente de la FUBA: (011) 15 57 31 06 54
Mariela Silesio, Consejera Superior de la UBA: (011) 15 31 65 12 97
