Gabriela Gramajo dirigente del Polo Obrero Tucumán dijo: "la detención de los dirigentes piqueteros, Sebastián Copello, del Polo Obrero, y Juan Chorolque, del MTR 12 de Abril, en represalia por las manifestaciones en la provincia de Jujuy en reclamo de alimentos para comedores y trabajo genuino, expresa una orientación política del gobernador Gerardo Morales de perseguir y encarcelar a los activistas y luchadores sociales"
Luego continuó: "sólo en el mes de Marzo hubo más de 800 piquetes, la Unidad Piquetera solo participó en 3 de ellos. El resto incluso obedece a otros sectores sociales, no sólo a los desocupados. Si falta agua, luz, cuando hay casos de violencia, femicidios, abusos, inseguridad, etc. ¿Tienen pensado meter preso a todos los que reclaman? Eso es una dictadura. Nadie puede estar preso por luchar,".
Para finalizar Gabriela Gramajo dijo: "el proceso judicial abierto contra los compañeros es manifiestamente una hoja de ruta de la persecución y judicialización de la protesta social, con la intención de amedrentar a las y los trabajadores que luchan contra el ajuste de los gobiernos provinciales, el gobierno nacional y el FMI"
Dossier informativo
Sebastián Copello es dirigente nacional del Partido Obrero y del Polo Obrero en Jujuy. El miércoles por la tarde la policía de Gerardo Morales lo fue a buscar a su domicilio y lo detuvo por participar de las manifestaciones en reclamo de alimentos y asistencia social. También detuvieron a Juan Chorolque del MTR 12 de abril y existe una orden de detención contra Verónica Urzagaste del MAR.
Se trata de una prisión preventiva por el hecho de participar de dos movilizaciones: las que tuvieron lugar el 3 y 30 de marzo, en las que miles de personas se movilizaron en reclamo contra el hambre y la desocupación.
Para justificar la detención y privación ilegítima de la libertad de ambos dirigentes el juez tomó por válidos los argumentos de la Fiscalía en cuanto a que la libertad de ambos activistas podría “coaccionar” a los miembros de las organizaciones a las que pertenecen que, eventualmente, podrían ser citados a declarar. En la acusación de la Fiscalía no existe ninguna prueba o presunción suficiente de justifique tal hipótesis.
La Fiscalía reclamó la detención, allanamiento, secuestro de celulares y privación de la libertad de Copello y Chorolque aplicando los artículos 194 (entorpecimiento de la circulación) y 239 (desobediencia a funcionario público) del Código Penal, en concurso real. Son los dos tipos penales frecuentados por el poder político para judicializar la protesta social. El art. 194 del CP fue reintroducido en nuestro derecho por el gobierno de facto de Juan Carlos Onganía. Ambas figuras no solo no pueden coexistir en simultáneo. La orden de detención está plagada de irregularidades e interpretaciones erróneas de la jurisprudencia.
Estas detenciones forman parte de una campaña del gobernador Gerardo Morales, que tiene bajo su control no sólo a la policía sino también la Justicia provincial. En Jujuy Jueces y fiscales tienen la orientación política de criminalizar a los luchadores populares. En la provincia existe un régimen de terror sin garantías civiles ni democráticas básicas.
Una delegación en la que participa el dirigente del Partido Obrero Gabriel Solano se encuentra hoy en la provincia de Jujuy para exigir la liberación de los dirigentes detenidos.
El proceso judicial abierto contra Sebastián Copello y Juan Chorolque es manifiestamente la hoja de ruta de la persecución y judicialización de la protesta social, con la intención de amedrentar la movilización popular contra el hambre, la desocupación y la pobreza. Se ha lanzado una campaña nacional por la libertad de Copello y Chorolque.
Claudia Ferrero, abogada de Copello: 11 56045905
