Ni con decretos ni con leyes
Por la nacionalizacion de la banca y un banco central e instituciones al servicio de la liberacion nacional y social
[Propuesta de declaración presentada por la delegación del Partido Obrero a una reunión de partidos y organizaciones de centroizquierda y de izquierda con motivo de la crisis suscitada por los decretos de necesidad y urgencia que crean el Fondo del Bicentenario y destituyen al presidente del BCRA]
Después de 40 años de tributos coloniales a los acreedores financieros internacionales y nacionales, la deuda externa vuelve a desatar una crisis política, como lo hiciera decena de veces en todo este período. Estamos ante la prueba más palpable de que se trata de una hipoteca usuraria, incompatible con el desarrollo nacional e incluso con el régimen político creado a su servicio.
En esta ocasión estamos ante un decreto de necesidad y urgencia dictado por un gobierno que tiene pretensiones de ‘nacional y popular'. Apunta, de este modo, a enfrentar la crisis capitalista mundial por medio de un manotazo a las reservas en divisas del país a cambio de una letra de un Tesoro en cesación de pagos. Apunta, asimismo, a armar un ‘canje' con los ‘fondos buitres' que no aceptaron la renegociación de 2005 y con los usureros del Club de París. La finalidad de todo este paquete es rescatar a la burguesía nativa por medio un mayor endeudamiento con las finanzas internacionales.
Este mismo gobierno ‘nacional y popular' ha cancelado por anticipado la deuda con el FMI y ha hipotecado los recursos de la Anses, al Pami, de las empresas descentralizadas y al Banco Central por el equivalente al 40% del total de la deuda, para saldar las cuentas con los usureros del país y del exterior.
Argentina ingresa al Bicentenario con un acto de completa sumisión nacional.
Frente a este propósito ‘nacional y popular' se ha levantado una oposición que reclama que se siga pagando la deuda usuraria; que se prosiga con el ‘canje' con los ‘fondos buitres'; que se ‘vuelva a los mercados internacionales'; pero no con una letra al Banco Central sino con un plan de ajuste y de tarifazos que recupere el ‘superávit fiscal' necesario para ese pago.
Esta oposición al Fondo del Bicentenario es impulsada por un amplio sector del capital financiero internacional, con el FMI a la cabeza, que quiere guardar las reservas para garantizar una nueva fuga de capitales como la que tuvo lugar desde 2007 y que se llevó fuera del país unos 40 mil millones de dólares.
Esta posición entreguista y antinacional cuenta con el apoyo de la inmensa mayoría de los partidos de la oposición parlamentaria. Se trata de un choque entre dos modalidades de la entrega nacional, azuzada por la bancarrota capitalista mundial.
Expresamos nuestro repudio al entreguismo oficial y al entreguismo opositor.
Esta oposición entreguista defiende una independencia del Banco Central, que es la consigna de los usureros internacionales, a sabiendas de que los bancos centrales ‘independientes' son sucursales y marionetas de los monopolios bancarios internacionales - como lo demuestra la historia de la banca central en Argentina y América Latina, y como lo demuestra el rescate billonario de la banca central de Estados Unidos, Europa y Japón a los banqueros que han provocado la presente crisis mundial.
Denunciamos las gestiones en marcha entre oficialistas y opositores para sacar adelante una versión modificada del Fondo del Bicentenario y otorgar una cobertura legislativa a los decretos de necesidad y urgencia.
En oposición a la independencia que reclama la usura internacional y la gran mayoría de los partidos en el Congreso, reivindicamos que el Banco Central debe estar bajo la gestión y el control de los trabajadores. Nos pronunciamos por la nacionalización de la banca (e investigación de los desfalcos cometidos contra el país) y una banca única al servicio de los intereses nacionales.
Las organizaciones, movimientos y partidos políticos que firmamos la presente declaración nos pronunciamos por el cese definitivo del pago de la deuda usuraria, la denunciamos como antinacional e ilegítima y reclamamos el castigo para quienes la contrajeron y renegociaron en los últimos cuarenta años - desde la dictadura militar; el reconocimiento de su estatización a partir de 1983; su canje por el patrimonio estatal bajo el menemato; los ‘blindajes' del gobierno de la Alianza-Cavallo; la devaluación de 2002; y la renegociación con ajuste por inflación de 2005.
Reivindicamos las investigaciones realizadas por el juez Ballesteros, que comprobaron sin lugar a dudas la ilegitimidad de la deuda pública, y que se enjuicie y castigue a los responsables de ese fraude.
Repudiamos el método de gobernar con decretos de necesidad y urgencia o el veto parcial de las leyes, y asimismo nos pronunciamos contra cualquier tentativa de golpismo bajo ropaje parlamentario - como ha ocurrido y se está tramando en otros países de América Latina.
Es la hora de romper la falsa polarización entre grupos e intereses de la clase dominante y es la hora de que irrumpan las masas populares como un protagonista independiente al servicio de la independencia nacional y del progreso material y moral del pueblo que vive de su trabajo.
13 de enero de 2009
