Juan Manzur y Osvaldo Jaldo aprobaron el día de ayer jueves 3 una ley dictada por las exigencias de los laboratorios que producen las vacunas para el Covid-19, que impone al estado provincial tres condiciones, totalmente leoninas y propias del coloniaje, si es que consigue que alguno de ellos les venda algo:
- Jurisdicción en tribunales extranjeros para los conflictos económicos.
- Confidencialidad absoluta de los contratos
- Indemnidad de los laboratorios contra cualquier reclamo indemnizatorio por las consecuencias de la aplicación de la vacuna.
Primero fue la Nación con la ley 27.573 vigente desde diciembre pasado, luego la CABA, la provincia de Buenos Aires, Jujuy, Santa Fé y otras provincias que votaron leyes análogas. Ningún estado provincial o municipal ha podido comprar hasta ahora.
El balance del estado nacional en cuanto a los contratos firmados con los laboratorios no puede ser peor: ninguno ha cumplido en tiempo y forma con las entregas, de un total de 54 millones de dosis compradas y pagadas se ha recibido un porcentaje muy menor. Tan es así que, como para salvar las formas, se ha iniciado una investigación por parte de la Auditoria General de la Nación por el incumplimiento de contratos, claro que visto el carácter confidencial de estos, el control de la auditoria será apenas cosmético.
La no realización de contratos con Pfizer es hoy motivo de cruces entre Juntos por el Cambio y el gobierno. Los denunciantes dicen que no hubo contrato porque el laboratorio se habría negado a pagar coimas a los funcionarios de salud. El gobierno dice que al contrario, Pfizer pidió incluso concesiones aún mayores de las que el propio Fernández estableció en la ley nacional. La discrecionalidad de estos contratos será seguramente la base objetiva de toda clase de corruptelas, sobreprecios y arbitrariedades porque sólo defienden el mayor beneficio de los laboratorios que tienen además, el monopolio de las patentes. La verdad es que ambos lados de esta grieta defienden las “relaciones carnales” con los laboratorios.
El convenio con AstraZeneca fue un desastre contra los intereses del país y de la salud pública. Como hemos denunciado desde el PO y el Frente de Izquierda y de los Trabajadores - Unidad, se produjeron en el laboratorio mAbxience, ubicado en Garín provincia de Buenos Aires, más de 60 millones de dosis, que sin embargo se enviaron para ser envasadas a México hace meses y recién ahora llegan de vuelta a la Argentina el 15% de las 22 millones que el estado compró y ya pagó.
Hemos planteado, hace meses ya, incluso bajo la forma de un proyecto de Ley en el Congreso, que la salida al abastecimiento de vacunas pasa por la intervención de los laboratorios que ya la producen en el país, que tienen capacidad de producción suficiente, no sólo para vacunar a todos los argentinos sino para exportar a Latinoamérica. La escasez de vacunas y el desastre sanitario que hoy enfrentamos es el resultado de que se han impuesto los intereses de los laboratorios por sobre el interés general y la salud pública, sólo la izquierda ha planteado otro camino que incluye además, el reclamo de la liberación de las patentes para la producción estatal de la vacuna. En este marco si fuera viable la compra de vacunas a los laboratorios, la condición debe ser que los contratos sean públicos, sometidos al control de los trabajadores y profesionales de la salud.
Martin Correa - Gabriela Gramajo - Agustina Victoria
PARTIDO OBRERO - Alberdi 308 - S.M. de Tucumán
No hay comentarios:
Publicar un comentario