El negociado del Plan Qunita es una muestra más de la enorme corrupción que caracteriza los gobiernos de Alperovich, Manzur y Jaldo. Se suma a los escándalos del IPV, los $600 millones del fraude electoral de 2015, lo de la SAT o la DAU, sólo por nombrar algunos casos.
Esta enorme corrupción también envuelve a Cambiemos, cuyos referentes locales como Alfaro o Amaya fueron parte del equipo de Alperovich 12 años. Los negociados de Odebrecht o de De Vido salpican a miembros del kirchnerismo y del entorno de Macri, y están las denuncias contra el Plan Blegrano de Cano.
Por eso, por más que ahora se retome la investigación contra Manzur, sabemos que Cambiemos no pretende juicio y castigo. Marcos Peña y Michetti en Tucumán afirmaron no tener cuestionamientos al Gobierno provincial, y afirmaron que trabajan juntos. Por eso legitimaron el fraude electoral de 2015.
Pasadas las elecciones, en la Justicia nuevamente no avanzará ninguna causa, ya que el Justicialismo es aliado de Macri en las reformas y el ajuste que se viene.
Para terminar con la impunidad y la corrupción hay que tener jueces y fiscales electos por voto popular y revocables, hay que abrir las cuentas. Es la perspectiva por la que lucha en las calles y en el Congreso el Frente de Izquierda.
Ariel Osatinsky y Raquel Grassino
Candidatos del Partido Obrero en el Frente de Izquierda
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