En los últimos días ha salido a la luz que una parte importante de las casas de Lomas de Tafí no están siendo habitadas, a pesar de que fueron entregadas hace ya varios meses. Resulta extraño que en una provincia donde faltan viviendas, donde proliferan numerosos asentamientos en los que viven miles de familias, todavía haya viviendas sin ocupar. En realidad, lo que se ha puesto al descubierto es que el Instituto Provincial de la Vivienda, con el gobierno de Alperovich, se ha transformado en un instrumento mafioso donde se transan certificados de obras con las empresas, sobreprecios para la construcción de las casas y, entrega de viviendas a familiares, amigos y allegados dispuestos a “colaborar” con el gobierno. Las casas que no están ocupadas, en su mayoría, son de personas que ya poseen otra vivienda y que la obtuvieron del IPV para luego venderla o alquilarla (en forma ilegal) y así hacer su negocio.
Pero los negociados con la vivienda no se reducen a lo que ocurre en Lomas de Tafí, como se puede ver ahora con el proceso especulativo que se ha desatado por los terrenos para el plan Procrear. El anuncio de parte de Alperovich de que la provincia carece de terrenos fiscales se ha convertido en un foco de especulación donde los terrenos privados aptos para el plan han aumentado de valor exponencialmente. Alperovich es impotente para resolver el problema de la falta de tierras en la provincia, porque el derecho a la vivienda choca de lleno con los intereses de los grandes capitales inmobiliarios.
El Partido Obrero plantea la necesidad de terminar con los negociados mafiosos en el IPV y de los especuladores inmobiliarios. Que se declare de utilidad pública todo el sueldo urbano disponible para destinarlo a poner en pie planes de vivienda bajo control de los trabajadores, que garantice el acceso universal a la vivienda. Que una comisión investigadora independiente investigue todo el accionar del IPV.
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