La revuelta policial que paralizó a la provincia durante varios días ha puesto de manifiesto la descomposición política del gobierno y del estado provincial.
Alperovich y los funcionarios de su gobierno desaparecieron de la escena mientras decenas de miles de vecinos se autoorganizaban para defender sus viviendas frente a las bandas organizadas, alentadas o vinculadas con la policía, que aprovechaban las zonas liberadas para proceder a realizar acciones de saqueo.
Que en algunos lugares, los saqueos haya sido protagonizados por sectores empobrecidos, solo pone de manifiesto el avance de la crisis social y que hoy los planes sociales no alcanzan para contener el deterioro del nivel de vida frente a una inflación desbordante.
Alperovich reapareció para denunciar que la rebelión policial era un acto de extorsión contra el estado y el gobierno, pero acto seguido inició una negociación en la que terminó cediendo un aumento del 35% y levantando todos los cargos contra la policía extorsionadora.
El gobierno no podía proceder de otra manera pues necesita de la policía como fuerza represiva para enfrentar los reclamos populares y avanzar en su política de ajuste.
Un gobierno que se rinde ante la extorsión de su policía, que no pudo suscitar una sola acción popular de apoyo, que está recorrido por divisiones y una creciente disgregación, es un gobierno acabado.
La rebelión policial se produjo cuando está avanzando el juicio a los ex policías de Raco vinculados a la causa del crimen de Paulina Lebbos. En ese juicio está quedando en evidencia que la policía, la justicia y el gobierno de Alperovich realizaron todo tipo de acciones para encubrir el crimen y proteger a los criminales. La rebelión se produjo, también, en momentos en que la ola de crímenes y delitos han crecido en la provincia, y en los casos mas resonantes los delincuentes aparecen vinculados o asociados a las fuerzas policiales y con sectores del poder.
Los negocios criminales como la trata y el narcotráfico, entre otros, han florecido bajo este gobierno.
La continuidad de este gobierno solo puede representar mayores desgracias para el pueblo.
Desde el Partido Obrero planteamos la necesidad de una investigación independiente de todas las acciones de saqueo y crímenes impunes en la provincia. Que se abran los archivos de la policía y el Ministerio de Seguridad. Por el desmantelamiento de los aparatos de espionaje y de todas las mafias policiales, judiciales y políticas vinculadas con las mafias del juego, la trata y los narcos. Que se abran las cuentas del estado y se investiguen todas las denuncias de corrupción y malversación de los fondos públicos.
Aumento del salario mínimo al nivel del costo de la canasta familiar, hoy valuada en 8.000 pesos para todos los docentes, trabajadores de la salud y demás trabajadores públicos provinciales y municipales. Pase a planta de todos los trabajadores precarizados.
El Partido Obrero señala la necesidad de una acción enérgica de la clase obrera a través de sus sindicatos y junto a los sectores populares empobrecidos para ocupar la escena con sus propios reclamos y salida política.
Alperovich y los funcionarios de su gobierno desaparecieron de la escena mientras decenas de miles de vecinos se autoorganizaban para defender sus viviendas frente a las bandas organizadas, alentadas o vinculadas con la policía, que aprovechaban las zonas liberadas para proceder a realizar acciones de saqueo.
Que en algunos lugares, los saqueos haya sido protagonizados por sectores empobrecidos, solo pone de manifiesto el avance de la crisis social y que hoy los planes sociales no alcanzan para contener el deterioro del nivel de vida frente a una inflación desbordante.
Alperovich reapareció para denunciar que la rebelión policial era un acto de extorsión contra el estado y el gobierno, pero acto seguido inició una negociación en la que terminó cediendo un aumento del 35% y levantando todos los cargos contra la policía extorsionadora.
El gobierno no podía proceder de otra manera pues necesita de la policía como fuerza represiva para enfrentar los reclamos populares y avanzar en su política de ajuste.
Un gobierno que se rinde ante la extorsión de su policía, que no pudo suscitar una sola acción popular de apoyo, que está recorrido por divisiones y una creciente disgregación, es un gobierno acabado.
La rebelión policial se produjo cuando está avanzando el juicio a los ex policías de Raco vinculados a la causa del crimen de Paulina Lebbos. En ese juicio está quedando en evidencia que la policía, la justicia y el gobierno de Alperovich realizaron todo tipo de acciones para encubrir el crimen y proteger a los criminales. La rebelión se produjo, también, en momentos en que la ola de crímenes y delitos han crecido en la provincia, y en los casos mas resonantes los delincuentes aparecen vinculados o asociados a las fuerzas policiales y con sectores del poder.
Los negocios criminales como la trata y el narcotráfico, entre otros, han florecido bajo este gobierno.
La continuidad de este gobierno solo puede representar mayores desgracias para el pueblo.
Desde el Partido Obrero planteamos la necesidad de una investigación independiente de todas las acciones de saqueo y crímenes impunes en la provincia. Que se abran los archivos de la policía y el Ministerio de Seguridad. Por el desmantelamiento de los aparatos de espionaje y de todas las mafias policiales, judiciales y políticas vinculadas con las mafias del juego, la trata y los narcos. Que se abran las cuentas del estado y se investiguen todas las denuncias de corrupción y malversación de los fondos públicos.
Aumento del salario mínimo al nivel del costo de la canasta familiar, hoy valuada en 8.000 pesos para todos los docentes, trabajadores de la salud y demás trabajadores públicos provinciales y municipales. Pase a planta de todos los trabajadores precarizados.
El Partido Obrero señala la necesidad de una acción enérgica de la clase obrera a través de sus sindicatos y junto a los sectores populares empobrecidos para ocupar la escena con sus propios reclamos y salida política.
No hay comentarios:
Publicar un comentario