Sobre las declaraciones de Alperovich relativas a la creciente ola delictiva

Las recientes declaraciones del gobernador José Alperovich, confesando la creciente descomposición del aparato policial o la afirmación de que la droga está ganando la batalla, es una clara señal,  luego de diez años de gobierno, de derrumbe político.  

Un gobierno que ha reforzado todos los aparatos de seguridad, instalando cámaras de video en todo el microcentro y que pudieron filmar cuadra por cuadra lo que pasó con el ultimo temblor, pero que no han podido registrar la provocación represiva del 9 de julio, el secuestro del padre de Morena o la presencia de bandas paraoficiales para provocar a los manifestantes, demuestra que lo que ocurre en la provincia, no ocurre a pesar del gobierno, sino por complicidad del mismo. De la misma manera, en relación a la creciente ola delictiva, cuando la policía y el servicio penitenciario, aparecen crecientemente implicados en robos y otros delitos. Un gobierno que lleva a la cabeza de su lista de candidato a un funcionarios que esta siendo investigado por enriquecimiento ilícito, o donde los delitos de ‘guante blanco’ con la obra pública es política de estado, esta incapacitado de proteger a la ciudadanía. De allí el impacto de las denuncias y la hostilidad del gobierno hacia Alberto Lebbos, porque ha metido el dedo en la llaga a señalar el encubrimiento político del crimen de Paulina demostrando que todo el personal cuestionado, sea policial, judicial o político que tuvieron que dar un paso atrás, están todos bajo protección del gobierno, un gobierno que sin embargo se niega a reglamentar una ley de protección a los testigos,

La campaña de descredito que el gobierno esta impulsando contra Lebbos se han transformado en un boomerang que desacredita a sus voceros y al propio gobierno. Como ocurría en Catamarca, las marchas semanales exigiendo justicia se van incrementando en número de participante.

Nosotros, la izquierda, exigimos el relevamiento de toda la plana mayor de las llamadas fuerzas de seguridad, incluyendo al Ministro Jorge Gassenbauer y su secretario Paul Hofer (responsables de la represión del 9 de julio), la apertura de los libros de las comisarías bajo control de asambleas vecinales, el desmantelamiento del aparato de espionaje ilegal (D-2) y la puesta en pié de una nueva fuerza de seguridad ciudadana sobre otras bases sociales, bajo el estricto control popular y de los trabajadores. También exigimos que se investigue a los grandes grupos económicos, particularmente del juego, la hotelería y banqueros, que lavan dinero proveniente del delito.