Con el argumento de adaptar la Ley Provincial de Educación (2004) a la Ley Nacional de Educación (2006), el gobierno de Alperovich impulsó una nueva Ley de Educación, que entrará en vigencia desde 2011.
Esta “reforma” se ha cocinado íntegramente a espaldas de la docencia, sin consultar la opinión de quienes día a día sostenemos el sistema educativo. Si esto en sí mismo es reaccionario, al analizar el proyecto queda claro por qué actuaron así: se trata de una “reforma” contra la docencia y contra la educación pública.
La nueva Ley mantiene en pie e incluso agrava toda la orientación privatista de la anterior: reducción presupuestaria; educación al servicio de las empresas; dominio del clero y un sistema de gobierno educativo netamente burocrático.
Desfinanciamiento
En términos generales, el proyecto busca adecuar la educación pública a una etapa de vacas flacas, como las que se prevén para la próxima década por efecto de la crisis económica mundial. Promueve el desfinanciamiento educativo, desacoplando el porcentaje de inversión del presupuesto general de la provincia, para garantizar así, la libre disponibilidad de fondos para el pago de los negociados de la deuda pública.
En esa línea, reduce modalidades y consagra un ajuste educativo permanente, en primer término, sobre los salarios de los trabajadores de la educación.
Sólo establece como obligatorio al jardín de infantes de 5 años, para dilatar sin fecha la puesta en pie de las salas de 4 años en todas las escuelas públicas, lo que constituye: a) un retroceso con respecto a la Ley Nacional a la que quiere adecuarse, b) un cercenamiento de derechos a decenas de miles de niños, a los que sus padres no podrán costearles este importantísimo tramo educativo (junto con el jardín de 5, son los únicos que no se pueden recuperar nunca más en la vida); c) condena a miles de maestras jardineras que hoy están desocupadas, o trabajando en maternales por salarios inferiores, a permanecer ad eternum fuera del sistema educativo.
Trabajo infantil y mano de obra barata para la agro industria
Los grandes problemas educativos provinciales, como las altas tasas de deserción, repitencia y sobre-edad no son abordados desde sus causas profundas, como el trabajo rural infantil, sino desde una política de ocultamiento similar a la del Indek. Nos referimos a la política de promoción directa, y similares, a las que obligan a docentes y directores.
Pero no podría ser de otra manera con una Ley que pretende preparar a los alumnos como mano de obra disciplinada a las necesidades empresarias y de un sistema político basado en el punterismo y el bolsón.
Mediante un régimen de pasantías y trayectos escolares, la nueva Ley se pone al servicio de los empresarios: estos podrán sustituir el entrenamiento laboral que otrora daban a los aprendices dentro de las empresas (con salarios de convenio) por un entrenamiento prácticamente gratuito en las pasantías, sin obligación contractual, que además “formatea” desde púberes a la juventud en la aceptación de los ritmos de trabajos de la flexibiliación laboral.
Todo el sistema de pasantías no apunta a una formación integral, sino a una educación para el embrutecimiento laboral. La política educativa alperovichista ha llevado esta tendencia muy a fondo, poniendo escuelas directamente bajo control operativo de las empresas y un porcentaje importante de los recursos públicos, como subsidios de “primer empleo” en calls centers, hoteles y la agro-industria.
Subsidios a la educación privada y dominación del clero
El proyecto mantiene todos los privilegios de la educación privada: enorme caudal de subsidios, completa potestad en el nombramiento y expulsión de docentes, tolerancia con sus prácticas de evasión fiscal, previsional, salarial; libre determinación de sus planes de estudio, etc.
Tucumán tiene una de las matrículas más altas del país en educación privada (24%) y se ha mantenido durante la crisis gracias a los aportes estatales.
Pero el aspecto más reaccionario de esta ley es que mantiene y fortalece la intromisión de la Iglesia en la educación pública. Se consagra como agente educativo y se le permite absoluta libertad de agitación en las escuelas públicas (religión, etc.) al principal enemigo de los contenidos científicos y difusor de ideas misóginas, homofóbicas y oscurantistas. La educación sexual también queda bajo control de la curia católica.
La iglesia Católica es, por otro lado, la principal beneficiaria de subsidios: con el cuento de la función social de los colegios parroquiales, esta patronal ha logrado que le subsidien sus negocios menos rentables mientras en la mayoría de sus colegios obtiene ganancias millonarias.
Políticas educativas: asistencialismo y devaluación de la secundaria
El proyecto no incorpora ninguna orientación pedagógica novedosa que saque a Tucumán del marasmo educativo que padece. Se trata sólo de políticas asistenciales y compensatorias, que en más de un lustro de aplicación no han logrado revertir un milímetro la debacle educativa general. Los datos estadísticos ubican a Tucumán entre los peores niveles educativos nacionales. Las famosas políticas inclusivas han fracasado rotundamente, logrando el tristísimo récord que más del 50% de los jóvenes no puedan terminar la secundaria.
La “novedad” del proyecto Montaldo es la incorporación de la historia y la cultura provincial a los contenidos curriculares de todos los niveles. Estamos ante un intento muy torpe de manipulación ideológica e historiográfica: la historia que intentan consagrar, es la historia oficial de la oligarquía azucarera, sus “grandes figuras”, sus intelectuales y toda la clase política que le fue servil en estos 150 años.
De conjunto, la nueva Ley es sólo un refrito de algunas recetas educativas (municipalización, intervención de escuelas, etc.) que dejan abierto el camino para que, cuando las relaciones de fuerza se modifiquen, avancen los planes privatistas de los que la clase capitalista local no ha abdicado. El mejor ejemplo es otra vez, Chile: en base a Ley educativa de Bachellet, el derechista Piñeyra está impulsando una reforma educativa que pretende segmentar a la docencia y privatizas los restos del sistema educativo chileno.
Flexibilización laboral para la docencia
Toda la clave de la nueva Ley es que permitirá al gobierno avanzar hacia su proyecto largamente acariciado de Reforma del Estatuto Docente. De hecho, ya está discutiendo su borrador con el silencio cómplice de las conducciones gremiales.
El combo “nueva Ley-nuevo Estatuto” pretende liquidar definitivamente un conjunto de derechos laborales que la docencia tucumana ha conquistado en etapas de luchas precedentes. Del nomenclador salarial desaparece el item Estado Docente. El régimen de licencias será destruido con la incorporación de un adicional por presentismo. Así se busca disciplinar a la docencia a condiciones laborales más rigurosas, que permitan, a su turno, el desarrollo de la orientación privatista que encubre la Ley.
Todos los sindicatos docentes (ATEP, APEM, AMET, UDT y SADOP) han saludado la nueva Ley y se han integrado, a espaldas de la docencia, a su debate. En todo un año han sido incapaces de convocar si quiera una asamblea explicativa sobre el punto y han conspirado, a la par del gobierno, para armar un escenario en el que la docencia no pueda intervenir para defender sus derechos.
En materia educativa no tienen nada para aportar: están cooptados completamente por los ideólogos y los mediocres pedagogos K. Así es que vienen permitiendo que miles y miles de docentes trabajen en condiciones de flexibilización (contratados sin estabilidad) y con salarios más bajos en los proyectos compensadores: capacitadotes, talleres, plan fines, etc. En retribución, esta dirigencia acabada espera que el gobierno les ayude con el control de las bases docentes y a mantener su dominio en las Juntas de Clasificación.
Nuestro planteo
Tribuna Docente rechaza la nueva Ley y exige que se postergue su tratamiento hasta tanto un Congreso Pedagógico Provincial de la docencia, los trabajadores y los estudiantes, debata qué salida debe tener la crisis educativa.
Queremos destacar que el PE y la Legislatura aun no se pusieron de acuerdo sobre la letra chica (reglamentación) cuya aplicación hará aun más reaccionario al propio texto.
Los docentes tenemos que prepararnos para enfrentar los próximos capítulos de esta zaga. Llamamos a realizar asambleas y reuniones en las escuelas y a debatir y a sacar las conclusiones que se corresponden de todo este proceso.
Es necesario un replanteo general del sistema educativo, que comience con un incremento presupuestario sustancial, el cese de los subsidios a la educación privada y al conjunto de la clase capitalista.
Establecer un fuerte aumento salarial a los docentes (salario por cargo igual al costo de la canasta familiar, hoy cerca de los $5000) y la liberación de un turno de trabajo para la investigación y la formación docente en servicio, a cargo del Estado.
Exigimos la democratización del sistema educativo: Consejo Educativo Provincial elegido por los trabajadores; separación del clero de la educación y plena vigencia del Estatuto para todos los docentes: flexibilizados, municipales, jardineras, privados, etc. Democratización de las Juntas de Clasificación y derogación de la nueva grilla.
Obligatoriedad en todos los niveles, que significa obligación del Estado de garantizar la educación de la familia trabajadora (becas, recursos, libros, comedores escolares, viviendas estudiantiles, computadoras, transportes, etc.)
Por una educación integral, al servicio de brindar todos los conocimientos científicos, técnicos, culturales, artísticos a la juventud, para que sean una herramienta en la lucha por la transformación social.
Currículas elaboradas y controladas por la comunidad educativa: docentes, trabajadores y alumnos. Construcción de una escuela secundaria por cada escuela primaria. Ninguna fusión de cursos ni de escuelas. Defensa y extensión de los equipos directivos y un gabinete psicopedagógico en cada escuela.
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tribuna.docente@yahoo.com.ar
Blog: http://tribunadocente-tucuman.blogspot.com
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