Por orden del Rector, Juan Cerisola, el 23 de noviembre del año pasado, Ezio Jogna Prat, director de Juicios de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Universidad Nacional de Tucumán, acusó a Edgardo Valera, Mercedes Aguilar y Anahí Rodríguez por la “ocupación de edificio público”. Los alumnos deberán declarar el próximo 30 de julio.
Toma de la facultad
Noviembre de 2007. Dos elecciones paralelas para renovar la comisión directiva del Centro de Estudiantes de la Facultad de Artes (CEFA).
Una convocada por la conducción, en manos de la Lista de Delegados (LD), agrupación estudiantil del Partido Obrero. La otra, una semana después, por la Gestalt, -que responde a Franja Morada-, de pública afinidad con la decana Mirtha Chambeaud.
Para intentar evitar un sufragio caracterizado como “fraudulento” por los integrantes de la LD, un par de decenas de alumnos “tomaron” la facultad. Aunque en primer término la medida funcionó, los comicios finalmente pudieron realizarse, al otro día de lo pactado originalmente.
La denuncia
Así, hace casi dos meses, Edgardo Valera, Mercedes Aguilar y Anahí Rodríguez, militantes de la Lista de Delegados e integrantes del CEFA, recibieron una notificación para declarar el 30 de julio en los tribunales de la Justicia Federal.
“Extraoficialmente, sabemos que se nos acusa de distintas cuestiones que dicen que realizamos durante la toma. Nos culpan que robamos focos y distintos elementos. Pero, principalmente, la denuncia es por la ocupación de edificio público”, afirma Rodríguez, presidenta del CEFA.
Según consta en la acusación titulada “Universidad Nacional de Tucumán Facultad de Artes S/ Su Denuncia”, presentada por Ezio Jogna Prat, director de Juicios de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Universidad Nacional de Tucumán, la presentación judicial fue realizada por expresas instrucciones del Rector Juan Alberto Cerisola.
El objetivo que buscaba la presentación legal era resguardar “el normal funcionamiento de la institución universitaria, de la integridad de las personas, seguridad de los bienes allí radicados, y con la finalidad de evitar que con ese tipo de procedimientos antidemocráticos y por las vías de los hechos- se consume y mantenga la interrupción ilegítima de la prestación de los esenciales servicios de educación superior (…)”
El abogado de los estudiantes será Emilio Guagnini, integrante de la organización de Derechos Humanos H.I.J.O.S.
Un caso que no es aislado
El llamado a indagatoria a los alumnos ha llegado en un contexto especial. El 21 de junio, la Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Tucumán (ADIUNT) realizó una carta abierta revelando la persecución a la profesora de la facultad de Artes, Marta Ponce, fundadora del gremio docente y de la Federación Nacional de Docentes, Investigadores y Creadores Universitarios (CONADU Histórica).
En este caso, recurriendo al “mecanismo ya cuestionado por ADIUNT, de llamar a concursos periódicos cargos en los que se desempeñan docentes con muchos años de antigüedad, a pesar de haber ingresado por Concurso de Antecedentes y Oposición, y de haber revalidado sus aptitudes docentes en numerosas oportunidades”, afirmaban desde la organización en esa misiva.
En la búsqueda de una explicación
Un parámetro se repite en ambas situaciones. Las acciones oficiales perjudican a militantes políticos, comprometidos con la universidad pública y gratuita. Por eso, la presidenta del CEFA afirma que “vemos una avanzada represiva. Es le primera vez en la historia que se abre una causa judicial por la toma de una facultad”.
En este sentido, reflexiona que se hace necesaria una reacción de todos los estudiantes, militantes políticos o no. “Si permitimos que esto avance, van a seguir contra el resto del movimiento estudiantil”.
Además, Rodríguez recalca una búsqueda de deslegitimación de las medidas de luchas adoptadas por los estudiantes por parte de las autoridades universitarias.
En el caso de Ponce, desde ADIUNT manifiestan que “el objetivo pareciera ser eliminar del claustro docente una vigorosa voz diferente a la oficial, produciendo así un nuevo ataque a las libertades”.
Este mecanismo no es nuevo, según analizan en el gremio de los profesores. Afirman que idéntica situación pasó Pablo Pacheco, docente de Arquitectura y ex representante electo democráticamente de lo docentes ante la Acción Social de la UNT (ASUNT).
“Pareciera que hoy en la UNT se repitieran los mismos mecanismos de exclusión de las voces críticas que tantas veces hemos repudiado, y que no constituye un hecho aislado ni casual: manifestaciones de ese tipo están ocurriendo en todo el país”, plantean desde ADIUNT.
Las contra-acciones
Tomando en cuenta la gravedad de la situación, los dirigentes de la Lista de Delegados ya comenzaron a planificar las acciones para tratar de que la facultad de Artes retire la denuncia de la órbita de la Justicia Federal.
Por eso, buscan la adhesión y la solidaridad de todas las agrupaciones estudiantiles de la UNT y de las demás universidades.“Estamos tratando que sea de público conocimiento. Para el 30 de julio, pensamos realizar alguna movilización o acto, porque queremos realizar un hecho político”, adelanta Rodríguez.
En este sentido, la presidenta del CEFA insiste que es necesaria la unidad de todos los sectores, teniendo en cuenta que “cuando tocan a uno, tocan a todos”.
Por su parte, ADIUNT sigue insistiendo para que hasta tanto no se resuelva favorablemente en paritarias locales la carrera docente y el planteo de estabilidad laboral, Marta Ponce conserve el cargo en el que se viene desempeñando hace años en la Facultad de Artes.
Publicado en CONTRAPUNTO Prensa Alternativa : http://prensacontrapunto.com.ar/index.php?option=com_content&task=view&id=367&Itemid=1
